Bogotá, 8 sep (EFE).- La ONU le pidió al Congreso colombiano ratificar la adhesión del país a la Convención de Desaparición Forzada, pero con una adición que le permita a las víctimas ir directamente a Naciones Unidas para exponer sus casos en ese foro, informó hoy el noticiero de televisión CM&.
El telenoticiero señaló que la petición la hizo el director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Christian Salazar, al presidente del Congreso de Colombia, Armando Benedetti, en una fecha que no se precisa.
"Sería excelente si el Congreso aprobara pronto o ratificara la convención de Naciones Unidas contra la desaparición forzada con una declaración especial que pueda permitir a las víctimas colombianas ir directamente a Ginebra, a las Naciones Unidas, para traer sus casos, porque la impunidad que rodea la desaparición forzada en el país, todavía es muy alta", dijo Salazar.
Para el representante de OACNUDH en Colombia, siempre debe primar la justicia nacional, pero como ésta ha sido en este tema un "poco lenta" es importante que el Estado y el Congreso, "como representantes del pueblo, abra todos los canales para que las víctimas de la desaparición forzada puedan reclamar justicia".
El pasado 31 de agosto la presidenta de la comisión de paz del Senado de Colombia, la congresista Piedad Córdoba, y varias organizaciones humanitarias entregaron al Gobierno más de 10.000 firmas que recolectaron para que se ratifique una convención internacional sobre la desaparición forzada.
Desde 2002 en Colombia está tipificado en el Código Penal el delito de desaparición forzada, aunque no se ha ratificado esa convención internacional.
En el caso de Colombia la ratificación está pendiente de que el Congreso gestione y apruebe el proyecto de ley que debe incorporar la Convención Internacional a la legislación nacional, y dicha iniciativa fue presentada al Parlamento en abril de 2009 por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Convención contra la Desaparición Forzada fue negociada durante tres años por representantes de 60 países miembros de la ONU y organizaciones no gubernamentales (ONG).
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU la aprobó por consenso en junio de 2006, y seis meses más tarde fue votada de manera favorable y unánime por la 61 Asamblea General de Naciones Unidas.
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